Protestas masivas derribaron al gobierno ultraderechista de Bulgaria tras sucesivos casos de corrupción.

Semanas de movilizaciones ciudadanas, lideradas por la juventud, culminan con la dimisión del gobierno ultraderechista. El detonante fue un proyecto de presupuesto muy impopular, seguido de sonados casos de corrupción.

El gobierno búlgaro presentó su renuncia el 11 de diciembre de 2025, cerrando un capítulo de intensa agitación política. Este movimiento puso fin, de manera temporal, a un período de inestabilidad acumulada durante meses, caracterizado por un descontento ciudadano generalizado y acusaciones recurrentes de corrupción sistémica. La narrativa pública predominante describía a las instituciones como capturadas por redes de influencia y clientelismo.

La decisión del primer ministro Rosen Zhelyazkov se produjo después de varias semanas de manifestaciones masivas, impulsadas significativamente por sectores juveniles. Las protestas se focalizaron en un proyecto de presupuesto estatal que los manifestantes interpretaron como un instrumento para legitimar prácticas corruptas y consolidar privilegios para élites vinculadas al poder.

La administración de Zhelyazkov había asumido en enero de 2025 como una solución inestable dentro de un parlamento fragmentado. El gabinete estaba formalmente liderado por el partido GERB, una formación catalogada por observadores políticos como de centro-derecha. No obstante, la necesidad de asegurar apoyos en un hemiciclo dividido llevó a la dependencia de grupos parlamentarios de tendencia nacionalista y con posturas prorrusas.

Esta configuración otorgó al Ejecutivo un perfil ideológico y simbólico que una parte significativa de la ciudadanía y los manifestantes calificaron de ultraderecha y hasta neofascistas, según algunos analistas. Dicha etiqueta no coincide necesariamente con la clasificación formal de los analistas para GERB, pero refleja dos fenómenos concurrentes: la mayor visibilidad y capacidad de influencia de fuerzas políticas radicales y euroescépticas, y la percepción colectiva de que las políticas implementadas beneficiaban primordialmente a redes clientelares de carácter oligárquico.

El detonante inmediato de la crisis fue la presentación del presupuesto para el año 2026. Los críticos del texto argumentaron que incrementaba la carga fiscal sobre trabajadores y pensionistas, mientras preservaba mecanismos opacos de adjudicación y gasto público que favorecerían a intereses conectados con el poder político. Aunque la propuesta fue posteriormente retirada, este gesto no logró apaciguar las protestas, las cuales absorbieron demandas de mayor alcance.

Las movilizaciones exigían el fin del denominado “estado capturado”, responsabilidades penales en grandes casos de corrupción y la convocatoria de elecciones anticipadas. La coordinación de estas movilizaciones mostró un fuerte componente juvenil y un uso intensivo de redes sociales para la organización y difusión de las consignas.

La caída de la ultraderecha búlgara: casos emblemáticos e impunidad

El malestar social no surgió de manera espontánea, sino que se nutrió de años de escándalos públicos y de una sensación generalizada de impunidad. Distintos episodios, frecuentemente citados por periodistas de investigación, organizaciones no gubernamentales y participantes en las protestas, actuaron como combustible para la indignación ciudadana. Entre estos casos se encuentran figuras y patrones repetidos que la sociedad civil señala como ejemplos de la degradación institucional.

Uno de los referentes constantes es Delyan Peevski, un magnate mediático con una prolongada presencia en la vida política del país. Peevski ha sido señalado por voces críticas como un símbolo de un “estado dentro del estado”, destacándose su presunta capacidad para influir en políticas públicas, organismos reguladores y procesos de adjudicación. Su figura se utiliza a menudo como ejemplo de la penetración de intereses privados en las instituciones del Estado.

Otra figura central en esta narrativa es Boyko Borisov, expresidente del gobierno y líder histórico de GERB. Borisov ha estado asociado a múltiples controversias a lo largo de su carrera, que abarcan desde contratos públicos cuestionados hasta episodios personales ampliamente divulgados por los medios.

Esta acumulación de sospechas, aun cuando varios procesos judiciales no han culminado en condenas firmes o se han visto entorpecidos por dilaciones, contribuyó a erosionar la legitimidad política de los actores vinculados a su esfera de influencia, alimentando la percepción de un clientelismo persistente.

Los sistemas de adjudicaciones públicas y la gestión de los fondos europeos han constituido otro frente crítico. Diversos informes de auditoría y estudios de ONG han señalado deficiencias sistemáticas en la supervisión de los recursos procedentes de la Unión Europea, así como en los procesos de compra pública y concesiones de infraestructuras.

En estos escenarios suelen aparecer empresas o intermediarios vinculados a políticos o empresarios próximos al poder. Esta dimensión, que conecta la corrupción con el dinero comunitario, ocupó un lugar central en el debate público, generando la sensación de que la membresía en la UE no había logrado erradicar prácticas clientelares arraigadas.

Posiblemente, el elemento más corrosivo ha sido la percepción, compartida por observadores independientes, de que los grandes casos de corrupción rara vez concluyen con condenas firmes contra los máximos responsables. La ciudadanía observa procesos judiciales que se diluyen, cambios en la competencia de los tribunales o sentencias que no alcanzan a los niveles más altos de decisión. Esta realidad alimenta la conclusión generalizada de que el sistema de justicia no actúa como un contrapoder efectivo frente a la corrupción de alto nivel.

La cuestión de la ultraderecha y la respuesta ciudadana

Aunque el núcleo gubernamental provenía de formaciones ubicadas en el espectro del centro-derecha tradicional, la escena política búlgara incluye fuerzas radicales, euroescépticas y abiertamente nacionalistas, que han incrementado su presencia parlamentaria. La necesidad del gobierno de negociar con estos grupos para asegurar su viabilidad legislativa terminó por impregnar su acción de un carácter que muchos ciudadanos interpretaron como de ultraderecha. La mayor visibilidad de estas formaciones, junto con discursos que priorizan la defensa identitaria y critican valores liberales, contribuyó a que la protesta empleara dicha etiqueta como un catalizador moral unificador.

Tres factores convergieron para que las protestas alcanzaran una intensidad suficiente para forzar la dimisión gubernamental en ese momento preciso. En primer lugar, el contexto de tensión económica y la sensibilidad social ante cualquier medida percibida como un aumento injusto de la carga fiscal, encarnada en el proyecto de presupuesto. En segundo término, el resentimiento acumulado durante años por los casos de corrupción y la aparente impunidad.

Por último, la emergencia de un movimiento ciudadano con un alto componente juvenil, organizado de manera ágil a través de canales digitales, que logró traducir el malestar abstracto en una presencia masiva y sostenida en el espacio público. La crónica inestabilidad institucional del país, con varios gobiernos de corta duración en años recientes, redujo aún más el margen de error político, al estar agotada la paciencia de la ciudadanía.

La crisis política búlgara no se desarrolla en un vacío geopolítico. La polarización interna y la presencia de discursos y actores prorrusos y euroescépticos añaden complejidad a la lectura internacional del escenario. Para las instituciones de la Unión Europea y los aliados occidentales, la persistencia de prácticas clientelares y la debilidad de los controles democráticos generan preocupación sobre el estado de derecho en un país que ocupa una posición estratégica en la región de los Balcanes. De forma paralela, diversos actores, tanto nacionales como internacionales, han intentado capitalizar la inestabilidad para avanzar en sus respectivas agendas, añadiendo capas de complejidad al panorama.

El caído gobierno amasó el odio de todos los sectores

La dimisión del gabinete abre un período de incertidumbre política y administrativa. Bulgaria enfrentaba, de manera simultánea, la concreción de procesos económicos relevantes, como la potencial adopción del euro, y la crisis política complica esta transición tanto en su dimensión simbólica como práctica.

En el ámbito estrictamente político, corresponderá a la presidencia de la república y a las fuerzas con representación parlamentaria decidir entre intentar formar un nuevo gobierno de coalición, quizás de carácter técnico o transitorio, o disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas en un tablero político altamente fragmentado.

A nivel institucional, la pregunta fundamental es si la presión ejercida por la ola de protesta conducirá a reformas estructurales genuinas. Estas reformas podrían incluir el fortalecimiento de la independencia judicial, la implantación de mayor transparencia en las adjudicaciones públicas y la creación de controles efectivos sobre la influencia de grupos mediáticos y empresariales en la política. La alternativa sería que la dinámica política tradicional revierta la situación mediante pactos entre élites y la implementación de ajustes meramente cosméticos, sin alterar los fundamentos del sistema percibido como corrupto.

La caída del gobierno puso de manifiesto una demanda social que trasciende el mero recambio de personas en el poder. La diversidad de actores presentes en las movilizaciones —que incluyó a sindicatos, jóvenes, profesionales liberales y organizaciones de la sociedad civil— y la persistencia de las convocatorias indican que una parte significativa de la sociedad reclama la creación de mecanismos efectivos para fiscalizar el ejercicio del poder y reducir la captura institucional.

El desenlace de este episodio no es binario. Políticamente, el Ejecutivo no constituía un bloque monolítico de ultraderecha, según el análisis convencional. Sin embargo, la composición de su coalición de apoyo, el entorno parlamentario que lo sostenía y la influencia de figuras y redes de corte nacionalista y oligárquico, generaron una forma de gobernanza percibida por amplios sectores como autoritaria y profundamente clientelar.

Esta percepción, unida a casos concretos de corrupción y a un sentimiento generalizado de impunidad, fue la fuerza motriz que transformó el rechazo a una propuesta presupuestaria en un punto de ruptura política. La renuncia del gabinete Zhelyazkov fue, por tanto, tanto el final de un equipo ministerial como una advertencia dirigida a la clase política: una parte mayoritaria de la sociedad búlgara exige instituciones que funcionen con eficacia contra la corrupción, y no únicamente compromisos superficiales.